A partir de las 6:00 horas del próximo sábado, los trenes volverán a circular por todo el trazado de la Línea 7B de Metro de Madrid, conectando Estadio Metropolitano con Hospital del Henares y pasando por Coslada y San Fernando de Henares. El autobús sustitutorio SE2 dejará de prestar servicio el domingo.
La Comunidad de Madrid destaca que ha invertido 171,2 millones de euros en una reparación integral: 26.000 perforaciones para inyectar 13.000 toneladas de mortero, estabilización de 20.600 m² de terreno y rehabilitación de 5,6 km de túnel. Cinco informes técnicos independientes avalan la seguridad, el terreno no se mueve desde febrero de 2023 y se mantendrá una vigilancia permanente con 500 balizas, estaciones automáticas y satélites en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. “Va a ser una reapertura al público porque realmente son los verdaderos protagonistas”, declaró Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, las asociaciones de vecinos no comparten el optimismo institucional. La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro ha calificado la reapertura de “cierre en falso” y ha asegurado que “no supone una solución real a los problemas estructurales y sociales que arrastra la zona desde hace casi dos décadas”, en declaraciones recogidas por 20minutos y Diario de San Fernando de Henares.
En un comunicado reciente, los afectados denuncian: “Hoy los responsables de esta catástrofe celebran con júbilo la reapertura mientras los afectados seguimos sufriendo las terribles consecuencias de una gestión negligente”, en declaraciones recogidas por EL PAÍS. Javier Madueño, presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa de San Fernando de Henares, se mostró sorprendido por el anuncio: “Estamos asombrados porque no hemos recibido ningún informe técnico sobre la eficacia de las obras que se han realizado que certifique si es seguro o no”.
La plataforma también critica la falta de atención psicológica –un informe del Centro Sira revela que seis de cada diez afectados han necesitado o necesitan apoyo terapéutico– y las indemnizaciones insuficientes, lo que ha llevado a decenas de demandas judiciales. Hasta octubre de 2025, la Comunidad ha pagado 11,8 millones de euros a 83 familias, con cerca de 300 expedientes aún abiertos y 23 millones más presupuestados para 2026.
Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma, ha advertido que, una vez resueltos los procedimientos judiciales pendientes, reanudarán las concentraciones y movilizaciones en la calle, en declaraciones recogidas por Cadena SER.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid está ejecutando en estos momentos la construcción de un nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en el solar que ocupaba el antiguo complejo dotacional El Pilar, demolido precisamente por los daños irreversibles causados por las filtraciones de la Línea 7B de Metro. Este espacio verde será completamente accesible, priorizará al peatón frente al vehículo, incluirá zonas de ocio y estancia, áreas infantiles, pérgolas con sombra, un espacio multifuncional para eventos o exposiciones y una zona deportiva.
Las obras comenzaron a principios de 2025 y la previsión oficial más repetida es que el parque esté completamente finalizado y abierto al público en junio de 2026.
Recreación del futuro parque. Foto: Comunidad de MadridPago del IBI por solares vacíos
Aunque sus viviendas fueron demolidas hace años, decenas de familias afectadas siguen figurando como propietarios catastrales de los solares resultantes. Esto implica que, a día de hoy, continúan recibiendo y abonando los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) municipal por unos terrenos que no pueden utilizar, vender ni edificar, lo que las plataformas de afectados califican como “situación insostenible y de absoluta indefensión”. Esta carga fiscal se mantiene porque la titularidad no ha cambiado aún en el Catastro ni en el Registro de la Propiedad, a pesar de que las casas ya no existen.
Ya en mayo de 2025 la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras anunció públicamente que procederá a expropiar los solares de las viviendas demolidas e indemnizará a sus antiguos propietarios por el valor del suelo. Sin embargo, siete meses después, el expediente de expropiación forzosa sigue sin iniciarse formalmente y la Comunidad mantiene que “lo está estudiando” y que lo ejecutará “cuando sea técnicamente viable”, sin concretar calendario. Los afectados y el Ayuntamiento insisten en que la expropiación es imprescindible para poder incorporar definitivamente esos suelos al parque (aparecen como “fase 2” del proyecto) y para liberar a las familias de seguir pagando impuestos por algo que ya no tienen.