La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha iniciado un expediente sancionador contra Valoriza, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria en la ciudad, por un presunto incumplimiento de las condiciones del contrato durante las campañas de limpiezas intensivas realizadas el pasado verano. La sanción propuesta podría alcanzar los 97.000 euros, aunque el procedimiento se encuentra aún en fase de tramitación.
La denuncia partió de Más Madrid Alcalá, que lleva meses alertando sobre “irregularidades graves” en el uso de recursos materiales por parte de la contrata. Según la formación, durante el verano de 2024 Valoriza habría empleado maquinaria municipal para ejecutar tareas que, según pliegos, debían realizarse con medios propios o alquilados por la empresa. “Este tipo de prácticas suponen una clara vulneración del contrato y un sobrecoste encubierto para el Ayuntamiento”, han denunciado desde el grupo municipal, que reclama transparencia y vigilancia estricta de las contratas públicas.
Desde el equipo de gobierno municipal se ha confirmado la existencia de la infracción y la apertura del expediente sancionador. No obstante, han querido subrayar que fueron los propios técnicos municipales del área de Medio Ambiente quienes detectaron la irregularidad tras revisar los informes correspondientes a las limpiezas intensivas. La anomalía fue comunicada a los servicios jurídicos y tramitada por los cauces administrativos pertinentes.
El concejal delegado del área, Vicente Pérez, ha señalado que “la gestión de los servicios públicos debe ceñirse a criterios objetivos y técnicos”, y ha pedido a la oposición que “no se apropie del trabajo de los funcionarios”. Pérez ha recordado que el proceso sancionador se inició formalmente en marzo, aunque ya se venía estudiando desde el pasado otoño. Según sus palabras, “cualquier uso indebido de bienes públicos debe ser sancionado, y así se está haciendo”.
El caso reabre el debate en Alcalá de Henares sobre el modelo de gestión indirecta de servicios esenciales como la limpieza, el mantenimiento de parques o la recogida de residuos. Más Madrid y otras voces del ámbito sindical y vecinal han pedido una revisión profunda del modelo de externalización, al que consideran “caro, opaco e ineficiente”.
Por su parte, el gobierno municipal defiende la continuidad del sistema, pero admite la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de los contratos. “No se puede permitir que las contratas hagan un uso inadecuado de recursos que pertenecen a toda la ciudadanía”, ha afirmado el concejal Vicente Pérez.
La Junta de Gobierno Local deberá aprobar en próximas fechas la sanción definitiva si no prosperan las alegaciones de la empresa. Mientras tanto, desde la oposición se mantendrá el seguimiento del caso y no se descarta elevarlo al Pleno municipal.