La Comunidad de Madrid prevé concluir a finales de verano las obras en la Línea 7B de Metro de Madrid, en los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Posteriormente, se realizarán las comprobaciones necesarias antes de reabrir la línea.
El tramo entre San Fernando y Hospital del Henares permanece cerrado desde el 24 de agosto de 2022. Desde el 27 de julio de 2024 también está suspendido el servicio entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto. Durante la última sesión de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea, el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, Miguel Núñez, indicó que se está siguiendo rigurosamente el Plan de Actuaciones Integrales de la Línea 7B, presentado en octubre de 2022. Este plan incluye obras de impermeabilización, consolidación del terreno, reparaciones de la superestructura y drenaje del túnel.
Según Núñez, la estabilidad de los edificios se mantiene desde febrero de 2023, sin riesgos adicionales ni impactos previstos en nuevas edificaciones. El proyecto de drenaje exterior de la estación del Hospital del Henares, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, tiene como fecha de finalización el 31 de agosto. Las obras de impermeabilización y consolidación del trasdós del túnel se estiman concluir a principios de septiembre.
La reapertura de la línea se realizará tras las comprobaciones pertinentes, una vez finalizadas las obras. La Comunidad de Madrid asegura que la seguridad está garantizada y que las actuaciones se están llevando a cabo en coordinación con los ayuntamientos y entidades vecinales.
Paralelamente a las obras subterráneas, la Comunidad de Madrid también tiene en marcha cinco proyectos de reurbanización del entorno afectado. Cuatro de ellos ya han sido adjudicados por un importe total de 2,5 millones de euros, mientras que el quinto, actualmente en licitación, está destinado a la Plaza del Espino, con una inversión prevista de unos 720.000 euros. Las intervenciones incluyen mejoras en accesibilidad, pavimentación, mobiliario urbano y zonas verdes, en coordinación con los ayuntamientos implicados.
Tasación
Mientras tanto, este lunes ha arrancado la fase oral del procedimiento judicial que enfrenta a 28 vecinos afectados por los derribos de viviendas con la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará vistas durante toda la semana, excepto el miércoles, para practicar las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la tasación de las viviendas y periciales psicológicas previstas para el viernes.
Los afectados denuncian que las indemnizaciones ofrecidas por el Gobierno regional son “ínfimas” y no cubren el valor real de mercado de sus viviendas. Las compensaciones oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con cantidades adicionales por garaje de entre 10.000 y 33.000 euros. Según denuncian desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti y Presa, las tasaciones se han aplicado “a tabla rasa”, sin tener en cuenta parámetros como la superficie de las viviendas, y resultan muy inferiores a las necesarias para adquirir una vivienda equivalente en la zona.
Los afectados por las obras de la Línea 7B Metro han afirmado que “se nos da menos que cuando pasó lo del barrio del Carmel en Barcelona”, en referencia al hundimiento de un túnel del metro en 2005 que obligó al desalojo de 530 viviendas. “Hay casos en los que los vecinos lo han perdido todo”, han asegurado.
Desde la Plataforma 7B Afectados por Metro, su portavoz, Alejandro Escribano, ha celebrado que los vecinos acudan a los tribunales “a buscar la justicia que se nos ha negado” por la “falta de voluntad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La plataforma prevé que más afectados presenten demandas en los próximos meses y años.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recordado que las valoraciones se han realizado siguiendo criterios jurídicos y técnicos, con informes de empresas homologadas por el Banco de España. Además del valor de la vivienda, los expedientes incluyen daños y perjuicios derivados del desalojo, el derribo, gastos de mudanza, pérdida de mobiliario, lucro cesante y daño moral.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras aseguran respetar el derecho de los vecinos a recurrir a los tribunales si no están conformes con las indemnizaciones recibidas, y subrayan su disposición a seguir cumpliendo con las resoluciones judiciales que se dicten.