El reciente anuncio del Gobierno español sobre el incremento de 10.500 millones de euros en el presupuesto de defensa ha encendido un debate que va más allá de la política económica. En un contexto donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, esta decisión plantea preguntas fundamentales sobre las prioridades del país. Este aumento presupuestario no solo es cuestionable, sino que refuerza las desigualdades y contradicciones de un sistema que privilegia el capital por encima de las personas.
El Gobierno justifica esta medida como un compromiso necesario para fortalecer la seguridad nacional y cumplir con los acuerdos internacionales, como los establecidos por la OTAN. Sin embargo, esta narrativa reduce la idea de seguridad a un concepto puramente militar, dejando de lado su dimensión social. La verdadera seguridad debería medirse en función del acceso de las personas a la educación, la sanidad, la vivienda y un empleo digno. Si estos pilares fundamentales no están garantizados, ¿de qué sirve reforzar la industria armamentística?
A esto se suma el hecho de que gran parte de este aumento beneficiará directamente a las grandes empresas del sector de defensa, muchas de las cuales operan bajo una lógica de lucro que poco tiene que ver con el bienestar colectivo. La decisión de priorizar estas inversiones perpetúa un modelo económico que favorece los intereses de unas pocas corporaciones, mientras deja a las clases trabajadoras enfrentarse a las consecuencias de un sistema desigual. Este enfoque no solo refuerza las dinámicas de explotación, sino que también desvía recursos que podrían ser utilizados para combatir las crisis sociales y climáticas que afectan al país.
La política debería orientarse hacia la construcción de una sociedad más equitativa, donde las inversiones públicas se destinen a mejorar la calidad de vida de las personas. Imaginar un mundo donde esos 10.500 millones se inviertan en educación pública, en la transición ecológica o en infraestructuras sociales, no es un ejercicio de utopía, sino una apuesta por un futuro sostenible y justo. Estas áreas no solo generan beneficios tangibles para la población, sino que también contribuyen a crear empleos y fortalecer el tejido social, una forma mucho más efectiva de garantizar la seguridad a largo plazo.
El aumento del gasto en defensa no es solo una cuestión presupuestaria; es un reflejo de las prioridades políticas y económicas de un sistema que sigue optando por alimentar la maquinaria militar en lugar de abordar las necesidades reales de la ciudadanía. En un mundo que enfrenta desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad, esta decisión no solo es un error estratégico, sino una oportunidad perdida para construir un modelo más humano y solidario. Es momento de replantearnos qué tipo de país queremos ser y hacia dónde queremos dirigir nuestras prioridades colectivas.