Vecinos de San Fernando de Henares y Coslada afectados por los daños provocados por las obras de la línea 7B de Metro se manifestaron este domingo para exigir «soluciones reales» ante la prolongada situación de deterioro de sus viviendas y la falta de respuestas efectivas de las administraciones. La protesta fue convocada por la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro.
Bajo los lemas «Una vivienda digna por una vivienda digna» y «¡Ayuso soluciones ya!», miles de personas recorrieron las principales calles en un itinerario que unió la plaza de Fernando VI de San Fernando con la estación de Coslada Central. Durante las dos horas que duró la marcha los participantes mostraron la indignación vecinal tras años de problemas estructurales sin resolver.
La Comunidad de Madrid ha reconocido que las obras de la línea 7B han afectado a, al menos, 260 viviendas en San Fernando de Henares. Hasta el momento, se han demolido 73 viviendas y más de 200 residentes han tenido que ser desalojados. Además, el tramo afectado de la línea permanece cerrado desde 2022 y no está previsto que reabra antes de mediados de 2025.
El Gobierno regional asegura haber invertido ya más de 70 millones de euros en actuaciones relacionadas con el problema y ha aprobado una nueva partida de 29,5 millones para acometer obras de urgencia. Asimismo, en 2023 destinó cerca de 6 millones de euros en indemnizaciones patrimoniales a 52 vecinos afectados y mantiene abiertos 76 expedientes, cinco de ellos en su fase final de tramitación. También se ha destinado cerca de un millón de euros a la supervisión de inmuebles y al realojo de los vecinos.
Pese a las inversiones anunciadas, los vecinos consideran insuficientes las medidas adoptadas y continúan reclamando soluciones definitivas y mayor transparencia.
Críticas a la gestión de la línea 7b
La manifestación no solo puso de relieve el drama social que viven cientos de familias, sino también la indignación hacia la gestión que la Comunidad de Madrid ha realizado a lo largo de estos años. Los afectados consideran que ha existido una falta de previsión desde el inicio de las obras de la línea 7B. Denuncian que, pese a los informes técnicos que alertaban de riesgos, se priorizó la inauguración política del metro por encima de la seguridad de los vecinos.
Desde entonces, distintos gobiernos regionales del Partido Popular han anunciado medidas parciales —refuerzos de emergencia, realojos temporales, indemnizaciones— que, a juicio de los afectados, no han solucionado el problema de raíz. «Han parcheado para ganar tiempo, pero nuestras casas se siguen cayendo», señalan algunos de los manifestantes.
Los vecinos acusan además a la Administración autonómica de falta de transparencia. Muchos afectados desconocen en qué punto se encuentran sus expedientes o qué criterios se aplican para determinar las ayudas. Denuncian que las comunicaciones oficiales son insuficientes, que los plazos de resolución son excesivamente largos y que no se ha ofrecido una alternativa habitacional estable a quienes han perdido su hogar.
En este sentido, exigen que se asuman responsabilidades políticas por una infraestructura que nació con deficiencias y que se dé prioridad a reparar el daño social causado, más allá de los discursos institucionales o los anuncios de inversiones futuras.