La reciente elección del Papa ha resucitado un debate que debería haber quedado resuelto hace ya tiempo en un Estado democrático y laico. En lugar de ello, seguimos observando cómo la Iglesia Católica, una institución que representa una estructura de poder jerárquico y autoritaria, continúa influyendo de forma decisiva sobre las políticas públicas y las decisiones del Estado español. A pesar de la lucha histórica de los movimientos republicanos y la izquierda por una auténtica separación entre la Iglesia y el Estado, el poder eclesiástico sigue disfrutando de una posición privilegiada que no solo es inadmisible, sino que pone en riesgo los principios de igualdad y libertad que deberían regir nuestra sociedad.
El artículo 16 de la Constitución española establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo que significa que el Estado debe mantenerse alejado de cualquier injerencia religiosa. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de las reformas y los avances en algunos aspectos de la legislación, la Iglesia sigue gozando de privilegios que no se justifican en un Estado que se proclama laico. De hecho, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica continúa siendo, para muchos, un vestigio del viejo régimen franquista que, en muchos aspectos, no ha sido completamente superado.
En este contexto, la elección del Papa no es un mero hecho religioso o anecdótico, sino un recordatorio más de la deuda histórica que tiene el Estado español con la laicidad. Los movimientos republicanos y de izquierda han luchado durante décadas por una sociedad más justa, libre de influencias externas que coarten nuestra libertad individual y colectiva. Y, sin embargo, la figura del Papa sigue siendo recibida con honores y apoyo institucional por parte de las más altas autoridades del Estado. Este tipo de gestos, aunque se presenten como actos de cortesía, son una clara muestra de la continuidad de los privilegios de la Iglesia en nuestra sociedad.
La filósofa Silvia Federici, en su análisis de las relaciones entre el poder religioso y el poder estatal, destaca cómo la Iglesia ha sido una herramienta fundamental para el mantenimiento de las estructuras patriarcales y de explotación en la sociedad. La institución eclesiástica ha jugado un papel central en la subordinación de las mujeres, la opresión de los sectores más desfavorecidos y la perpetuación de una moral conservadora que sigue influyendo en las decisiones políticas. La Iglesia no es solo una institución religiosa; es un pilar del sistema capitalista y patriarcal que sigue operando en la sombra, aliada con aquellos poderes que velan por el mantenimiento de las desigualdades sociales.
Laicidad como utopía
Algunos sostienen que la laicidad del Estado es una utopía, que no tiene cabida en una sociedad como la española, con una historia profundamente marcada por el catolicismo. Pero lo que debemos recordar es que la laicidad no es simplemente una cuestión de tolerancia religiosa, sino una cuestión de justicia social. Es una cuestión de garantizar que ninguna confesión religiosa tenga poder sobre la vida pública, que las políticas del Estado no estén dictadas por ninguna autoridad eclesiástica y que los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su creencia religiosa, sean protegidos por igual.
No olvidemos que el laicismo, como lo define el filósofo y sociólogo Pierre Bourdieu, es un principio que busca desmantelar las estructuras de poder simbólico que las instituciones religiosas han impuesto durante siglos. En este sentido, la elección del Papa León XIV debería ser vista no solo como un hecho aislado de la política religiosa, sino como un recordatorio de las enormes dificultades que existen para romper con el monopolio ideológico de la Iglesia. Si bien el Papa puede tener un papel simbólico para los católicos, no puede ser aceptado como una figura política que participe activamente en la definición de las políticas públicas.
Obstáculo para la democracia
En el contexto actual, la cercanía institucional hacia la Iglesia Católica se convierte en un obstáculo para una verdadera democracia. Mientras el poder eclesiástico sigue gozando de privilegios que no solo están mal justificacados, sino que también contradicen los principios de igualdad que deberían ser el eje fundamental de cualquier sociedad moderna, el Estado sigue fallando en su misión de garantizar la igualdad real entre todas las confesiones religiosas y, lo más importante, entre las personas que no profesan ninguna fe.
Los avances que se han logrado en términos de separación Iglesia-Estado, como la secularización de la enseñanza o el establecimiento de una legislación de igualdad de género, deben ser profundizados. La educación, por ejemplo, sigue siendo uno de los ámbitos en los que la Iglesia ejerce un control inaceptable, especialmente a través de su red de centros privados concertados, donde se continúa fomentando una educación católica que no se ajusta a la diversidad de creencias y pensamientos de los ciudadanos.
Estructuras franquistas
En este sentido, el hecho de que las autoridades españolas continúen rindiendo homenaje al Papa y dando cobertura institucional a figuras religiosas es una muestra clara de que el Estado aún no ha roto con las estructuras de poder heredadas del franquismo y de la dictadura eclesiástica. La ruptura con estas estructuras es fundamental para que podamos avanzar hacia una sociedad verdaderamente plural, en la que todas las creencias sean respetadas, pero ninguna de ellas tenga el poder de decidir sobre las políticas que afectan a toda la ciudadanía.
Las reformas sociales y la construcción de un Estado de bienestar integral son principios fundamentales de cualquier proyecto socialista. Sin embargo, esas reformas deben ir acompañadas de una transformación profunda en la relación entre la Iglesia y el Estado. Un verdadero Estado laico no puede ser cómplice de la injerencia religiosa en los asuntos públicos. Debe ser un espacio donde las creencias religiosas sean privadas y respetadas, pero sin que ninguna de ellas tenga privilegios sobre las demás.
Al final, el choque entre la Iglesia y el Estado laico español es una lucha que va más allá de las tensiones entre dos instituciones. Es una lucha por el futuro de nuestra sociedad. El socialismo debe seguir siendo un referente para aquellos que creemos en la igualdad, la justicia y la libertad. Y esa lucha, hoy más que nunca, incluye la defensa de un Estado verdaderamente laico, donde el poder eclesiástico no tenga cabida en las decisiones que afectan a todos.