Han transcurrido exactamente cinco décadas desde que Francisco Franco, el dictador que asfixió a España bajo el yugo de una tiranía fascista, exhalara su último aliento el 20 de noviembre de 1975. En este aniversario macabro, el proletariado español y los trabajadores conscientes no celebramos una «muerte» que borrara las cadenas, sino que denunciamos la persistencia de su legado en las entrañas mismas de nuestras instituciones. Desde una perspectiva marxista, el franquismo no fue un mero paréntesis histórico, un «accidente» superado por la «inmaculada Transición», como proclaman los apologetas del capital. Fue la expresión brutal del fascismo como fase avanzada del capitalismo en crisis, un régimen al servicio de la burguesía industrial y terrateniente que aplastó la República democrática de 1931 —fruto de las luchas obreras— para perpetuar la explotación de clase bajo la máscara del «nacionalcatolicismo». Y hoy, en 2025, mientras el Gobierno de Sánchez anuncia un centenario de actos bajo el eufemismo de «España en Libertad«, el franquismo sociológico y estructural sigue enquistado en el Estado, socavando la soberanía popular y alimentando la regresión reaccionaria. Este editorial no es un lamento nostálgico, sino un llamado a la acción: solo una verdadera ruptura, liderada por la clase obrera organizada, podrá exorcizar este fantasma y avanzar hacia el socialismo.
Recordemos qué fue el franquismo en su esencia materialista. No un «régimen personalista» —como lo pintan los revisionistas—, sino un aparato represivo construido sobre los escombros de la Guerra Civil (1936-1939), donde la burguesía aliada con terratenientes y el clero contrarrevolucionario derrotó al frente popular antifascista. Franco, ese «generalísimo» bendecido por el Vaticano, concentró en sus manos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, eliminando cualquier atisbo de control democrático. La Falange Española, renombrada Movimiento Nacional, monopolizó la vida política, mientras el Tribunal de Orden Público silenciaba a sindicatos y partidos obreros. La represión fue sistemática: más de 150.000 ejecutados, cientos de miles de presos políticos, campos de concentración como Miranda de Ebro y un exilio masivo que dispersó a la vanguardia revolucionaria. Económicamente, la autarquía inicial (1939-1959) fue un desastre para las masas: hambrunas, racionamiento y un PIB per cápita que languidecía mientras los «vencedores» acaparaban latifundios expropiados a los campesinos republicanos. Solo la apertura al capital yanqui en 1959, con el Plan de Estabilización, trajo un «milagro» relativo —crecimiento del 7% anual—, pero a costa de la sumisión al imperialismo: bases militares de la OTAN encubiertas y una clase media domesticada que consumía mientras el proletariado industrial se organizaba en la clandestinidad, desde Comisiones Obreras hasta el PCE.
Esta dictadura no cayó por milagro divino, sino por la presión insurrecta de las masas. Las huelgas masivas de los años 60 y 70, el mayo del 68 asturiano, las protestas estudiantales y la guerrilla antifranquista en el Maquis erosionaron el régimen desde abajo. La muerte de Franco fue el catalizador, no la causa. Pero aquí radica la traición de la Transición: un pacto de élites que, en nombre del «consenso», preservó las estructuras franquistas para blindar el capitalismo restaurado. La Ley para la Reforma Política de 1976, aprobada por las Cortes franquistas, y la Constitución de 1978 —jurada por el rey impuesto por Franco— no rompieron con el pasado: lo momificaron. Como denunció en su momento Jorge Semprún, la Transición fue una «reforma pactada» que amnistiaba a los verdugos (Ley de Amnistía de 1977) mientras condenaba al olvido a las víctimas. El Ejército, purgado solo de manera superficial, mantuvo su jerarquía golpista; la Judicatura, heredera del Fuero de los Españoles de 1945, protegió a torturadores como Billy el Niño hasta fechas recientes; y la Monarquía devino en símbolo de continuidad, con Juan Carlos I como «motor de la moderación» que en realidad velaba por los intereses del gran capital.
Hoy, 50 años después, el franquismo late en las instituciones como un virus inactivo, listo para mutar en la ultraderecha. En el ámbito político, Vox no es un fenómeno aislado: es el resurgir del «franquismo sociológico» que nunca se erradicó. Con más del 20% de apoyo entre jóvenes —según encuestas recientes—, este partido define la dictadura como «etapa de progreso y reconciliación», mientras el PP, su aliado natural, boicotea actos de memoria en el Congreso, negándose a honrar a los últimos fusilados de 1975. La ausencia de una comisión de la verdad, como en Alemania con el nazismo o Sudáfrica con el apartheid, perpetúa la impunidad: miles de fosas comunes siguen sin abrirse, y la Fundación Franco opera impune hasta su disolución parcial en 2025.
Franquismo Latente: Del Ejército a la Justicia
En el Ejército y las Fuerzas de Seguridad, el legado es palpable: la Guardia Civil, nacida en 1844 pero «regenerada» por Franco en 1940 como instrumento represivo, conserva uniformes y simbología que evocan la División Azul. Documentos desclasificados revelan cómo oficiales formados en academias franquistas ascendieron en la democracia, transmitiendo una cultura de «lealtad inquebrantable» al Estado —es decir, al capital—. Basta ver las «cloacas del Estado» expuestas en casos como el de Villarejo: redes de espionaje que hunden raíces en la Brigada Político-Social de la dictadura.
La justicia, ese pilar burgués deformado por el franquismo, es otro bastión del espectro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja la herencia de un sistema donde los jueces fueron depurados en 1939 para purgar «ideologías disolventes». La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 mantiene vetos implícitos a la investigación de crímenes franquistas, amparados en la «ley de punto final». Casos como el de Garzón en 2010, procesado por indagar fosas, demuestran cómo la Judicatura protege el pasado para blindar el presente: sentencias indulgentes a neonazis que enaltecen el 20-N, o la lentitud en extradiciones de torturadores huidos. Desde una óptica leninista, esto no es casual: el aparato judicial sirve al capital, y el franquismo le inyectó un veneno autoritario que frena cualquier avance hacia la justicia social. La Querella Argentina de 2010, que juzgó crímenes de lesa humanidad en el extranjero, fue un faro, pero su impacto se diluyó por la inacción española —prueba de cómo el Estado burgués resiste la verdad para evitar contagios revolucionarios.
En la educación, el franquismo ideológico persiste como adoctrinamiento sutil. El sistema educativo de la dictadura, monopolizado por el catolicismo preconciliar y la Sección Femenina, enseñaba obediencia ciega y «amor a la Patria». Aunque la LOGSE de 1990 democratizó formalmente, los recortes neoliberales y la LOMLOE actual no han erradicado el «franquismo sociológico»: más del 30% de centros son concertados por la Iglesia, heredera de privilegios del Concordato de 1953, que aún rige parcialmente los Acuerdos de 1979. En aulas, se minimiza la Guerra Civil como «conflicto fratricida», ignorando la lucha de clases; y en regiones como Andalucía o Galicia, se suprimen referencias a Blas Infante o Alexandre Bóveda, fusilados por «separatismo». Esto genera generaciones desmemoriadas, propensas al revisionismo: jóvenes que ven en Vox un «mal menor» contra la «woke agenda», ignorando que el fascismo siempre regresa como salvador del orden burgués.
Económicamente, el legado es la desigualdad enquistada. El INI franquista privatizado en los 80 devino en oligopolios como Telefónica o Repsol, controlados por herederos de los «vencedores». La corrupción endémica —desde Bárcenas hasta las cajas de ahorro— hunde raíces en la opacidad franquista, donde el clientelismo falangista mutó en enchufismo bipartidista. Y en lo social, la mujer sigue oprimida por un Código de Familia de 1944 que perdura en estereotipos: brecha salarial del 20%, y un feminismo cooptado por el Estado que ignora la raíz clasista de la opresión.