El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid ha dictado una histórica sentencia que reconoce por primera vez el derecho de un afectado por las obras de ampliación de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares a una indemnización acorde con el valor real de su propiedad, incluyendo además una compensación por daño moral.
La resolución, fechada el pasado 30 de junio, obliga a la Comunidad de Madrid a abonar la cantidad que exigían los afectados conforme a su propia tasación, que hasta ahora había sido rechazada por la Administración. Además, el magistrado reconoce y cuantifica el daño moral ocasionado, ordenando su correspondiente indemnización.
El caso concreto se centra en una plaza de garaje situada en la calle Rafael Alberti, cuyo valor había sido infravalorado en la vía administrativa. La Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, personada en el proceso, ha calificado esta sentencia como “un precedente muy positivo”, que abre la puerta a que se reconozcan las tasaciones reales y se indemnicen adecuadamente los daños materiales y morales sufridos.
Juan Fuentes, presidente de la asociación, explicó que “nuestros peritos presentaron una valoración ajustada al mercado, mientras que la Comunidad de Madrid ofrecía cantidades claramente por debajo, lo que era insuficiente para cubrir las pérdidas reales”. Según señaló, uno de los puntos clave del conflicto era el reconocimiento del daño moral, un aspecto “especialmente grave” para quienes, además de perder la vivienda, vieron afectados otros bienes como plazas de garaje y locales comerciales.
Las indemnizaciones inicialmente propuestas por la Comunidad oscilaban entre 136.000 y 355.000 euros por las viviendas, y entre 10.000 y 33.000 euros por los garajes. Sin embargo, los vecinos sostienen que estos montos son insuficientes, dada la escalada de precios en la zona, donde el valor medio de las viviendas ronda los 250.000 euros.
Esta sentencia, que es firme y no admite recurso, representa un paso decisivo para las más de 200 familias afectadas que han presentado demandas colectivas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Juan Fuentes expresó su confianza en que estos procesos seguirán la misma línea y que pronto se reconocerán más derechos.
Desde la Comunidad de Madrid, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, declaró tras el Consejo de Gobierno que la administración “siempre ha ofrecido la máxima indemnización legal posible”, y recordó que “respeta el derecho de los afectados a reclamar judicialmente”. Subrayó también que las valoraciones se realizan siguiendo criterios jurídicos y técnicos, con informes de empresas tasadoras avaladas por el Banco de España.
Por su parte, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras recordaron que los expedientes incluyen compensaciones por daños materiales, mudanzas, pérdida de muebles y daño moral, y aseguraron que el Ejecutivo “trabaja para que las familias puedan recuperar la normalidad lo antes posible”.
La formación Izquierda Unida dio la enhorabuena a la Plataforma de Afectados por ser un ejemplo de lucha. Además, añadió que la organización vecina es clave para ganar.
Enhorabuena @paml7b por el ejemplo de lucha. Los conflictos se organizan, se pelean y se ganan.
La organización vecinal es clave para ganar. Toca seguir empujando. A por más victorias. 🧡✊https://t.co/0m8EGKRDK1
— IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) July 3, 2025